En los últimos tiempos, la Educación Pública ha
sufrido duros ataque por políticas neoliberales, con lo que se ha visto
aumentada la oposición entre los intereses económicos de éstas y la
preocupación social de aquella: eliminación de la atención a la diversidad,
aumento de ratios, disminución de docentes y plazas, aumento de horas lectivas,
expulsión de docentes con experiencia, precariedad, aumento de tasas,
disminución de becas, disminución de presupuestos dirigidos a los centros
(algunos con grandes problemas para pagar suministros y materiales)… Todo ello
buscando el debilitamiento y desprestigio de la red de centros públicos así
como de sus docentes, fundamentalmente los que se hallan en situación de
interinidad. Estos, mientras trabajaban y defendían la sociedad, han visto cómo
se los despreciaba y se precarizaban sus condiciones laborales: despidos antes
de la finalización real de los cursos; eliminación de vacaciones y parte de su
cotización; imposibilidad de acceder a una prestación en el paro, porque la
Administración ha dispuesto que ya nunca trabajen doce meses seguidos,
requisito para recibir tal prestación; obligada aceptación (si no quieren salir
de los listados) de medias jornadas, tercios y hasta cuartos, viéndose
penalizados si toman otro trabajo para completar un sueldo ínfimo, cuya mayor
parte se pierde en el transporte hacia el centro educativo; igualmente,
obligada aceptación de puestos en un centro a grandes distancias de su hogar,
aunque haya otra vacante más cercana; cada año, iniciar el curso en un centro
diferente, aunque la vacante del centro anterior siga disponible e incluso la
dirección del mismo estuviera contenta con el trabajo del docente, por lo que
se imposibilita que pueda entrar a formar parte de proyectos para los que estaría
cualificado…
Todo lo antes referido se suma a que estos
docentes, que se han visto en situación mantenida de interinidad por la falta
de plazas ofertadas (a pesar de la necesidad de las mismas), han aprobado una o
varias veces los exámenes de oposición. Sin embargo, contra toda lógica, se ven
obligados a repetirlos una y otra vez, teniendo que decidir entre quitar tiempo
para realizar sus tareas reales como docentes y a la actualización de su
formación continua o a quitarlo al estudio de dichas pruebas.
A esta angustia de tener que perder mucho
tiempo en la preparación reiterada de las mismas pruebas, se suma la reciente
(en algunas Comunidades Autónomas, aunque se va extendiendo) de tener que temer
que su experiencia –en un trabajo con personas- no se valore nada y se vean,
tras años de buen servicio, en el paro como castigo por haber defendido la
Educación Pública en momentos de duros recortes y que sufre el alumnado.
Los interinos, al igual que los funcionarios de
carrera, ya aprobaron unos durísimos Procesos Selectivos, y por tanto ambos son
docentes. La única diferencia que existe entre unos y otros es que en unas
convocatorias se repartieron más plazas que en otras. Por tanto, se considera
que es de justicia que esas calificaciones no caduquen. Con ello se conseguirá:
eliminar parte de la precarización que existe, de lo que se beneficiarían; asegurar
que los docentes más preparados continúen en el Cuerpo Docente, verían su
esfuerzo recompensado y su ánimo mejoraría para ejercer con mayor diligencia
aún la complicada y responsable labor de la docencia; que estos docentes dispongan de tiempo para
actualizar su formación, no solamente con másteres u otras carreras, sino en
seminarios especializados y en cursos centrados en TDAH, Acoso Escolar,
neuropedagogía, etc.; participación en Programas y Proyectos de centro. Y todo ello conduce al gran objetivo: mejorar la calidad de la Educación Pública.
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